Xenofobia Contra los Débiles por Políticos Pirómanos

XENOFOBIA CONTRA LOS DÉBILES POR POLÍTICOS PIRÓMANOS

Carlos Gómez Gil

Digámoslo con claridad: la propuesta que realizó el Ayuntamiento de Vic, promovida por tres partidos parlamentarios y apoyados por concejales del partido xenófobo “Plataforma per Cataluña” (PxC) por la que pretendía exigir visados en vigor a los inmigrantes que quisieran empadronarse en el municipio, era una de esas medidas irresponsables y frívolas, que alimenta un rechazo hacia los inmigrantes de consecuencias incalculables, derrumbando con ello buena parte del esfuerzo que de forma callada se ha llevado a cabo en los últimos años para generar pedagogía social en torno a las migraciones.
No es casual que a raíz de ello, hayamos escuchado y leído auténticos disparates sobre los inmigrantes que suponen un paso atrás en la convivencia. Lo cierto es que ningún ayuntamiento obtiene ventaja alguna al dejar de empadronar a sus inmigrantes irregulares y clandestinizarlos, negando a sus hijos la educación básica o impidiendo a las mujeres parturientas la atención médica, por poner algunos ejemplos. Más al contrario, todo ello aumenta la exclusión, la fragilidad social y la segregación de todo un colectivo, dificultando la convivencia en el conjunto de la población al alimentar tensiones de todo tipo. Tengamos en cuenta que la escolarización de menores es una obligación legal recogida por la legislación nacional y tratados internacionales, al tiempo que facilitar la atención sanitaria básica es también un elemento imprescindible para asegurar una adecuada salud en el conjunto de la comunidad.
Tratar de clandestinizar a los inmigrantes irregulares y a sus hijos es un auténtico disparate en términos de convivencia, generando marginación y exclusión que se vuelve contra la propia población autóctona, alimentando al mismo tiempo un discurso racista que en momentos de crisis prende con facilidad contra los más pobres, en este caso, los inmigrantes. Pero sobre todo, es inmoral e hipócrita, porque todos esos inmigrantes que en época de vacas gordas han generado tanta riqueza en empresas y municipios de toda España se convierten, ahora, en chivos expiatorios de políticos oportunistas, dañinos e inmorales, y esto hay que decirlo también con claridad.
No menos llamativo resulta el argumento del coste que ello tiene para los municipios, ya que una vez más, el Alcalde de Vic y sus concejales mienten deliberadamente, en la medida en que las competencias y costes de estos servicios sanitarios y educativos no son municipales sino de las Comunidades Autónomas, aunque en todo caso, es mucho mayor el beneficio de ello que el supuesto coste de las medidas. Mi experiencia directa de trabajo e intervención en migraciones desde hace años me ha enseñado que la línea que separa un inmigrante regular de un irregular es tan fina como caprichosa, al tiempo que todos, en un momento u otro, nos hemos beneficiado del trabajo y las aportaciones de esos sin papeles que como leprosos modernos quieren expulsar de Vic. Es de suponer que el siguiente paso para estos concejales sea proponer que estos modernos leprosos que son los sin papeles puedan ingresar en lazaretos, aislados de la sociedad y sin capacidad para contagiar tan peligrosa patología administrativa.
Claro, que si los partidos políticos tan preocupados están en reducir gastos públicos, ¿por qué no impiden que muchos de sus cargos puedan cobrar al mismo tiempo dos, tres, cuatro o más sueldos a la vez? ¿Por qué no evitan esa corrupción sangrante que esquilma los recursos públicos y mantiene imputados a cerca de 1.000 cargos políticos de todos los partidos a lo largo y ancho del país? ¿O por qué no reducen sueldos, dietas, gastos de representación, asesores, fundaciones públicas, regalos y demás privilegios sin límite ni control? Pero más aún, si el Ayuntamiento de Vic es coherente con su propuesta xenófoba, imagino que también renunciaría a recibir todos aquellos impuestos indirectos, tasas y tributos generados por los inmigrantes sin papeles, así como todos los bienes producidos por su irregular trabajo.
La paradoja es que posiblemente, los concejales de Vic que defienden impedir a sin papeles empadronarse y recluirlos a la clandestinidad social y ciudadana, estén mucho más satisfechos enviando estos días dinero a Haití, orgullosos de saber que hacen allí lo que en su localidad quieren impedir.
Abrir debates incendiarios como ha hecho el Ayuntamiento de Vic y sus partidos promotores tiene un enorme coste social. Posiblemente con este disparate vergonzoso traten de ofrecerse a aquellos votantes a los que los mensajes racistas y ultraderechistas prenden con facilidad, como vemos en Europa. Son políticos pirómanos que no están a la altura de la sociedad al dedicarse a alimentar incendios gratuitos, dejando con ello a un lado sus verdaderas obligaciones en época de crisis, que son ni más ni menos que generar empleo, reestablecer la economía, proporcionando tranquilidad y felicidad.

Carlos Gómez Gil, es Doctor en Sociología, Director del Observatorio Permanente de la Inmigración de la UA y profesor de esta universidad, e integrante de la Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad - RIOS